“LA MEJOR FORMA DE DISUADIR EL DELINCUENTE ES LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA”

En los últimos meses en redes sociales –y algunos medios digitales como periódicos y revistas- han estado de moda imágenes y vídeos en los que se reflejan linchamientos y una crueldad excesiva contra los individuos que presuntamente cometen un delito, lo cual se demuestra al compartir contenidos que grafican ataques contra los posibles delincuentes, masifican la violencia y legitiman ese tipo de conductas para que otros hagan lo mismo.

Sin embargo, estos comportamientos son inaceptables porque según el contrato social se le otorga la capacidad de impartir justicia al Estado, como representante de los ciudadanos, con base en normas previamente aprobadas por la política criminal, lo cual lo convierte en el único titular para el ejercicio de la acción, persecución e investigación penal en sus estamentos establecidos para tal fin. En caso concreto son las autoridades del estado colombiano las legitimadas para investigar y acusar a los presuntos responsables. Lo contrario a ello es considerado salvajismo ya que la situaciones se están solucionando a través de mecanismo naturales propios del hombre basados en venganza y violencia.

De acuerdo con Jorge Alberto Velásquez Betancur, docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB, “estos hechos no se tratan de simplemente resentimiento con los delincuentes. Son acciones de justicia privada que tratan de llenar los vacíos que, en materia de seguridad, deja el Estado. En algunas personas puede ser una expresión de venganza, en otras de desesperación. Aunque ambas son condenables porque la tarea del Estado es impartir justicia en nombre de la sociedad y darle paso a la justicia privada significa regresar al estado de naturaleza y retroceder miles y miles de años en la evolución de la sociedad”.

La violencia nunca será el mecanismo idóneo para resolver situaciones problemáticas porque no es efectivo para controlar y reproduce los niveles de inseguridad, por eso ante cualquier conflicto no utilices las armas ni mucho menos agredas física o verbalmente a la otra persona, opta por soluciones amigables y acordadas.

La labor que tienen los ciudadanos es evitar tomar justicia por mano propia, y más bien usar el diálogo y dar aviso oportuna a las autoridades cuando exista la posibilidad de cometerse actos violentos o actitudes que pongan en peligro la vida, integridad física o la libertad de las personas.

En nuestro país se vive un fenómeno donde la gente suele decir que las autoridades judiciales no funcionan y desconfían de la eficacia del Estado, pero a la vez su comportamiento violento ayuda a que así se decida.

Una cosa es que la comunidad capture al presunto delincuente visto en flagrancia, lo cual está dentro de un marco de legalidad; sin embargo, en el caso de que no lo entreguen a la autoridad en el tiempo oportuno o lo maltraten, lo que va a ocasionar es degeneración de la captura en una acción ilegal, y la consecuencia es que cuando el juez de garantías lo reciba, tiene que dejar en libertad al sospechoso porque se vulneraron todos sus derechos y el maltrato supone amenazas contra la integridad de esa persona. La gente no entiende que cuando toma justicia por propia mano se está poniendo en la misma condición del delincuente, colocándose al margen de la ley, y eso no es otra cosa que un delito que es sancionado penalmente, afirma Juan Carlos Vásquez, Decano de la Facultad de Derecho UdeM.

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Por eso, para evitar que otros ciudadanos utilicen el insulto, linchamiento o incluso usen fotografías y graben vídeos para degradar la imagen de los presuntos responsables de haber cometido un delito es necesario, según Jorge Velásquez, “la educación de las personas, sensibilización en Garantías de No Repetición de ninguna clase de violencia, y dispositivos claros y expeditos de denuncia para que los ciudadanos acudan sin miedo ni dudas ante los organismos de seguridad y de justicia. La mejor forma de disuadir el delincuente es la aplicación de la justicia”.

De esta manera, la tarea es de todos, los medios de comunicación eliminando la concepción de justicia por mano propia como un medio legítimo y oportuno, los ciudadanos denunciando y reportando hechos que alteren la seguridad a través de medios legítimos, y la administración municipal y los organismos de seguridad y justicia trabajando de manera conjunta, diseñando y ejecutando políticas integrales para reducir la delincuencia.

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS AUTORIDADES TRABAJAN PARA RECUPERAR LA CONFIANZA

Con programas que acercan la justicia al ciudadano como Seguridad por Cuadrantes, que está a disposición de la comunidad las 24 horas del día para cualquier tipo de atención policial, de prevención y control, Análisis Integral de Seguridad y Convivencia (Aise) y mecanismos de denuncia desde el celular o computador como seguridadenlinea.com, la Policía con la fiscalía y otras autoridades han logrado mayor confianza de la ciudadanía que ha ido perdiendo el temor a denunciar.

El general Acevedo resaltó que la Denuncia en Línea, implantada por la Alcaldía de Medellín y extendida a otros municipios, permitió que las denuncias pasen de un 25% a un 35%, lo cual ha servido para incrementar las acciones de las autoridades y también la investigación, cuyos resultados se reflejan en la reducción de homicidios y otros delitos de impacto. En lo corrido de 2015, Seguridad en Línea recibió 8.808 denuncias, de las cuales 3.265 eran penales y 4.743 de carácter anónimo.

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Adicionalmente, la Administración Municipal ha invertido en materia de seguridad más de 355.000 millones de pesos, y también se resaltan labores como la reducción de los homicidios, fortalecimiento de la Policía, con instalaciones y tecnología y una mayor cercanía de la justicia con la comunidad, a través de medios físicos y virtuales.

Además, la ciudad cuenta con 411 cuadrantes de policía, dotados con motos, carros, radios, teléfonos inteligentes, seguridad en línea y cámaras de seguridad, implementación comandos situacionales que comprenden la intervención de 50 puntos de concentración del crimen para combatir extorsión y secuestro y la entrega de dos sistemas de identificación balística y dactilar, útiles en la investigación del crimen.

Por Paola A. Duque

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